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La reducciรณn de las contribuciones patronales del 6% al 5%, presentada livianamente como una baja marginal de un punto, en la prรกctica es una puรฑalada al corazรณn de nuestra obra social. En el caso de OSCONARA, esta medida implica una caรญda superior al 17% en la recaudaciรณn, afectando de manera directa la continuidad y la calidad de las prestaciones de salud para nuestros compaรฑeros y compaรฑeras, tanto activos como jubilados.
El Gobierno habla de โun puntoโ como si fuera insignificante, pero para nuestra obra social ese punto significa menos atenciรณn, menos medicamentos y mรกs dificultades para sostener las prestaciones de miles de familias. Acรก no hay ninguna discusiรณn tรฉcnica: es una decisiรณn polรญtica que pone en riesgo el derecho a la salud de los trabajadores.
Esta reforma laboral es esencialmente antiobrera. No busca generar empleo ni mejorar las condiciones laborales. Busca desfinanciar deliberadamente a las obras sociales sindicales y debilitar una de las pocas herramientas que aรบn garantizan el acceso a la salud para trabajadores activos y jubilados, beneficiando a los sectores empresarios a costa del sistema solidario.
Estamos frente a un experimento polรญtico profundamente inhumano. Mientras se desfinancia la salud pรบblica, se recortan aportes patronales y se encarecen las prestaciones mรฉdicas y los medicamentos, se les exige a las obras sociales que hagan milagros con menos recursos. Es una ecuaciรณn imposible que solo conduce al deterioro del sistema.
OSCONARA no es una empresa privada: es una obra social solidaria, administrada con responsabilidad y transparencia, y al servicio de sus afiliados. Cada peso que se le quita a la obra social es un golpe directo a la salud de nuestros compaรฑeros y compaรฑeras. No vamos a aceptar que se desfinancien las obras sociales sindicales para cumplir con un plan de ajuste dictado por los grandes empresarios.
Desde SICONARA vamos a seguir denunciando pรบblicamente el impacto real de esta reforma y evaluando todas las acciones gremiales, polรญticas y judiciales necesarias para defender la salud y los derechos de los conductores navales y sus familias.